Fachada del Tribunal Supremo en Madrid

Recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre el cálculo de las ayudas COVID para autónomos con varias actividades

Preparamos e interpusimos un recurso de casación, admitido a trámite por el Tribunal Supremo, para que fije doctrina sobre cómo debe calcularse la ayuda directa COVID cuando el beneficiario desarrolla actividades que tributan en estimación directa y en estimación objetiva.

4 min de lecturaPymes

El Tribunal Supremo aprecia interés casacional en una cuestión sin jurisprudencia previa y con proyección general

El punto de partida

Nuestro cliente, un empresario autónomo, desarrolla desde hace décadas una actividad de artes gráficas que tributa en el IRPF por el método de estimación directa. Además, obtiene ingresos ocasionales y de escasa cuantía de una actividad agrícola que tributa en estimación objetiva.

Tras la caída de su facturación durante la pandemia, solicitó la ayuda extraordinaria de apoyo a la solvencia empresarial prevista en el Real Decreto-ley 5/2021 únicamente por su actividad de artes gráficas, que estaba incluida entre los sectores subvencionables. La actividad agrícola no lo estaba, y por ella no pidió ninguna ayuda.

La Administración autonómica concedió la ayuda, pero la calculó con el límite previsto para quienes tributan en estimación objetiva, muy inferior al que correspondía a la actividad solicitada. Para ello aplicó una regla de prevalencia de la estimación objetiva que recogía la orden ministerial que concretaba los criterios de las ayudas y que reproducían las bases autonómicas. Desestimado el recurso administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó ese criterio.

El reto

El Real Decreto-ley 5/2021 establece dos módulos de cálculo de la ayuda, según la actividad subvencionable tribute en estimación objetiva o en estimación directa, pero no contiene ninguna regla para el caso de que un mismo beneficiario desarrolle actividades en ambos regímenes. La regla de prevalencia procedía de normas de rango reglamentario.

La cuestión de fondo era, por tanto, si una norma reglamentaria puede imponer esa prevalencia cuando la ayuda se solicita solo por una actividad en estimación directa que cumple por sí misma los requisitos legales, o si con ello altera el régimen fijado por una norma con rango de ley.

Además, el recurso de casación contencioso-administrativo exige acreditar un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. No basta con discrepar de la sentencia: la cuestión debe tener una relevancia que trascienda el caso concreto.

El planteamiento

Nos encargamos del recurso desde el análisis del caso hasta su interposición ante el Tribunal Supremo:

  • Análisis de los hechos: revisamos la actividad declarada en la solicitud, el régimen de tributación de cada actividad y los hechos que la propia sentencia daba por acreditados.
  • Viabilidad del recurso: valoramos si existía una cuestión jurídica sin jurisprudencia previa y con proyección general sobre un gran número de beneficiarios de estas ayudas.
  • Estrategia procesal: articulamos el recurso en torno a la infracción del artículo 3.2 del Real Decreto-ley 5/2021 y del principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 de la Constitución, y justificamos el interés casacional en varios de los supuestos que prevé la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
  • Preparación e interposición: redactamos el escrito de preparación ante el tribunal de instancia y, una vez admitido el recurso, el escrito de interposición ante el Tribunal Supremo.

El resultado

En julio de 2026, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso. El auto de admisión constata que no existe jurisprudencia sobre la cuestión y destaca que plantea un problema interpretativo con proyección general, que trasciende el caso concreto y puede afectar a un gran número de situaciones.

El Tribunal Supremo fijó dos cuestiones de interés casacional: si las comunidades autónomas pueden apartarse del criterio interpretativo estatal sobre el cálculo de la ayuda cuando el solicitante desarrolla dos actividades que tributan en regímenes distintos y, en caso negativo, si la prevalencia de la estimación objetiva puede aplicarse cuando la ayuda se ha solicitado únicamente por una actividad no sometida a ese régimen.

En el escrito de interposición, presentado en octubre de 2026, respondimos a ambas de forma escalonada. Por un lado, que las comunidades autónomas deben respetar el criterio interpretativo estatal, porque se trata de un régimen de ayudas de aplicación uniforme en todo el territorio. Por otro, que ese criterio, interpretado de acuerdo con la ley y con el principio de jerarquía normativa, no permite aplicar la prevalencia de la estimación objetiva cuando la ayuda se ha solicitado únicamente por una actividad subvencionable distinta, que tributa en estimación directa y cumple por sí misma los requisitos legales.

El recurso está pendiente de sentencia. La resolución del Tribunal Supremo fijará doctrina sobre una cuestión relevante para los autónomos y las empresas que, como nuestro cliente, compatibilizan actividades sujetas a distintos métodos de tributación.

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