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Obtuvimos ante el Tribunal Económico-Administrativo Central la anulación de dos acuerdos de derivación de responsabilidad solidaria dictados por la Agencia Tributaria al amparo del artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria, por importes aproximados de 1,3 millones y 320.000 euros, al apreciarse la prescripción del derecho de la Administración a declarar dicha responsabilidad. Ambas resoluciones son firmes.
El TEAC anula derivaciones de responsabilidad por más de 1,6 millones de euros al confirmar que las actuaciones frente al deudor principal no interrumpen la prescripción frente al responsable aún no declarado.
En dos procedimientos distintos, la Agencia Tributaria declaró a nuestros clientes responsables solidarios de deudas tributarias de sociedades terceras, al considerar que habían colaborado en la ocultación o transmisión de bienes de la sociedad deudora para impedir la actuación de la Administración (artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria). El alcance de la responsabilidad ascendía a aproximadamente 1,3 millones de euros en el primer caso y a unos 320.000 euros en el segundo.
En ambos casos, los hechos en los que se basaba la derivación se remontaban a varios años antes del inicio del procedimiento de responsabilidad, y las sociedades deudoras habían sido declaradas en concurso de acreedores durante ese periodo.
Una derivación de responsabilidad solidaria traslada al patrimonio del responsable una deuda tributaria ajena. La Administración sostenía que el plazo para declarar la responsabilidad había quedado interrumpido por las actuaciones de recaudación seguidas frente a la sociedad deudora y por su declaración de concurso.
La defensa exigía, por tanto, acreditar que el derecho a declarar la responsabilidad es una facultad distinta del derecho a exigir el pago de la deuda principal, con su propio cómputo de prescripción y sus propias causas de interrupción, y mantener esa posición a lo largo de las distintas instancias.
Asumimos la defensa de nuestros clientes desde el inicio de los procedimientos de derivación, con la presentación de alegaciones en vía administrativa, y posteriormente en las reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña. Desestimadas estas, interpusimos recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Nuestra defensa se articuló en torno a tres argumentos:
El Tribunal Económico-Administrativo Central estimó ambos recursos de alzada en 2025, anuló las resoluciones del tribunal regional y los acuerdos de derivación de responsabilidad, y declaró prescrito el derecho de la Administración a declarar la responsabilidad solidaria de nuestros clientes. Con ello, quedaron sin efecto derivaciones por un importe conjunto superior a 1,6 millones de euros. La Administración no recurrió las resoluciones, que son firmes.
En línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el TEAC confirmó que la declaración de responsabilidad y la exigencia del pago al responsable ya declarado son facultades distintas, con plazos y causas de interrupción propios. Por ello, ni las actuaciones de recaudación seguidas frente al deudor principal ni su declaración de concurso interrumpen la prescripción frente al responsable que todavía no ha sido declarado.

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