En un despido disciplinario, acreditar la falta no basta. El juzgado examina también si la empresa ha respetado los requisitos formales y el procedimiento, y un defecto en cualquiera de ellos conduce a la improcedencia, con independencia de la gravedad de los hechos.
La carta de despido
El despido debe notificarse por escrito, con los hechos que lo motivan y la fecha de efectos. Los hechos deben describirse con el detalle suficiente para que el trabajador pueda defenderse: qué ocurrió, cuándo y en qué circunstancias. Las fórmulas genéricas, como un “incumplimiento reiterado de sus obligaciones” sin hechos concretos ni fechas, son una causa frecuente de improcedencia. Además, en juicio la empresa solo podrá alegar los hechos recogidos en la carta.
La fecha de efectos debe constar con precisión. Su omisión o un error en ella pueden considerarse un defecto formal y generan incertidumbre sobre el cómputo del plazo de veinte días hábiles de que dispone el trabajador para impugnar el despido.
Conviene revisar también el convenio colectivo aplicable, que puede exigir requisitos adicionales, y las garantías de determinados trabajadores: los representantes legales tienen derecho a un expediente contradictorio y, si el trabajador está afiliado a un sindicato y la empresa lo sabe, debe darse audiencia previa a los delegados sindicales.
La audiencia previa al trabajador
Desde la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2024, la empresa debe ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos antes de adoptar el despido, en aplicación del artículo 7 del Convenio 158 de la OIT. No hay una forma ni un plazo legal concretos, pero la audiencia debe ser real: los tribunales han considerado insuficientes plazos muy breves o la entrega simultánea de los cargos y la carta de despido. Lo recomendable es documentarla por escrito y conceder un plazo razonable para formular alegaciones. Su omisión conduce a la improcedencia.
Los plazos de prescripción
Las faltas muy graves, que son las que pueden justificar un despido, prescriben a los sesenta días desde que la empresa tiene conocimiento de ellas y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Investigar es necesario, pero una vez acreditados los hechos conviene no dilatar la decisión: un despido comunicado fuera de plazo será improcedente, por grave que sea la falta.
La prueba
Antes de redactar la carta, conviene reunir la prueba de los hechos: informes internos, correos electrónicos, testimonios o registros de actividad, según el caso. Debe obtenerse respetando los límites legales sobre control de la actividad laboral y protección de datos, porque una prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales no será admitida en juicio. También es útil comprobar si existen advertencias o sanciones previas por hechos similares, que refuerzan la proporcionalidad de la medida.
Trabajadores con protección especial
El despido de las trabajadoras embarazadas, de quienes disfrutan de permisos por nacimiento o cuidado de menor, reducción de jornada o excedencia por cuidado de familiares, o de las víctimas de violencia de género o sexual, entre otros supuestos, será nulo si no se declara procedente. La nulidad obliga a readmitir al trabajador y a abonar los salarios dejados de percibir, por lo que verificar estas circunstancias es un paso previo obligado.
Reconocer la improcedencia: cuándo puede tener sentido
Si, tras valorar la prueba, el riesgo de improcedencia es alto, la empresa puede reconocerla y abonar la indemnización legal, evitando el coste y la incertidumbre del procedimiento. Para que la indemnización quede exenta de IRPF dentro de los límites legales, la improcedencia debe reconocerse en el acto de conciliación ante el servicio administrativo competente o en sede judicial; el reconocimiento en la propia carta no es suficiente. Es una decisión que conviene adoptar con el cálculo laboral y fiscal hecho de antemano.
Si su empresa está valorando un despido disciplinario, revisar el procedimiento, la carta y la prueba antes de comunicarlo reduce de forma significativa el riesgo de improcedencia. Nuestro equipo de Derecho Laboral y Gestión Laboral, en coordinación con el área fiscal, puede analizar el caso antes de que se adopte la decisión.