La comunicación de inicio de actuaciones inspectoras no es un simple trámite. Delimita los ejercicios y los conceptos tributarios que se van a comprobar y, con ello, el terreno en el que se desarrollará el procedimiento. Cómo se gestionen los primeros días (qué se aporta, quién lo aporta y con qué criterio) condiciona el margen de defensa disponible meses después.
Leer el alcance antes de responder
Antes de aportar documentación conviene verificar qué ejercicios y conceptos se comprueban, si el alcance es general o parcial y si algún ejercicio citado pudiera estar prescrito. Hay que tener en cuenta que la Administración Tributaria puede comprobar durante 10 años las bases imponibles negativas y las deducciones pendientes de aplicar, aunque se generaran en ejercicios prescritos. Y conviene tener presente la duración máxima del procedimiento: 18 meses con carácter general, y 27 en determinados supuestos.
El alcance solo puede ampliarse mediante un acuerdo motivado, pero la información que se aporte voluntariamente sobre ejercicios o conceptos no incluidos puede fundamentar esa ampliación o nuevas actuaciones. Por eso conviene ceñirse a lo requerido.
La comunicación permite además anticipar dónde se concentrará la comprobación. Si cita expresamente operaciones vinculadas, deducciones por I+D+i o la compensación de bases imponibles negativas, es razonable preparar desde el inicio la documentación de soporte: la de precios de transferencia, los informes técnicos o la trazabilidad de las bases pendientes de compensar.
Un único interlocutor
Toda la relación con el actuario debe canalizarse a través de un interlocutor identificado. Las respuestas dispersas desde distintos departamentos pueden generar contradicciones que después se reflejen en las diligencias y en el acta.
En grupos de sociedades o en empresas con varios responsables (finanzas, fiscal, legal), centralizar la comunicación es especialmente importante: la información parcial procedente de distintas fuentes suele dar lugar a nuevas preguntas y alarga el procedimiento.
Qué aportar y cómo
Los requerimientos de la Inspección deben atenderse, y su desatención puede constituir una infracción. Pero atender un requerimiento no significa aportar más de lo que se pide. Conviene ceñir la respuesta a lo solicitado y al alcance del procedimiento, pedir una ampliación de plazo cuando el volumen de la documentación lo justifique y presentarla ordenada, de modo que permita seguir el hilo de cada operación sin que el actuario tenga que reconstruirlo a partir de archivos dispersos.
El resultado se documenta en un acta, y el tipo elegido tiene consecuencias distintas. En el acta de conformidad, el obligado tributario acepta la propuesta de regularización y la sanción se reduce un 30%, con una reducción adicional del 40% si se paga en periodo voluntario sin recurrir. En el acta de disconformidad se mantiene la discrepancia, con posibilidad de alegar y recurrir, pero sin la reducción del 30%; y, si se recurre, tampoco se aplica la del 40%. El acta con acuerdo, reservada a supuestos que exigen valoraciones o la concreción de conceptos jurídicos indeterminados, reduce la sanción un 65%, exige depositar o garantizar el importe resultante y, en vía administrativa, solo puede impugnarse por nulidad de pleno derecho.
La elección entre ellas no debería hacerse en el momento de la firma: exige haber cuantificado antes el coste de cada opción, incluidos la cuota, los intereses de demora, la sanción y las posibilidades reales de éxito de un recurso.
Recursos y suspensión
Si se opta por recurrir, conviene decidir de antemano si se solicitará la suspensión de la deuda y con qué garantía, porque una solicitud defectuosa puede hacer que la deuda resulte exigible mientras se resuelve el recurso. Las sanciones recurridas, en cambio, quedan suspendidas automáticamente, sin necesidad de garantía, hasta que sean firmes en vía administrativa.
Responsabilidad de los administradores
Si la sociedad no paga la deuda resultante, la Administración Tributaria puede derivar la responsabilidad a sus administradores, de hecho o de derecho, en los supuestos previstos en la ley. Por eso conviene documentar desde el inicio las decisiones relevantes del órgano de administración y las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones tributarias, en especial en grupos y empresas con tensiones de tesorería.
Si su empresa ha recibido una comunicación de inicio de actuaciones inspectoras, conviene revisar el alcance y preparar la respuesta antes del primer contacto con el actuario. Nuestra área de Asesoría Fiscal acompaña a la empresa durante todo el procedimiento.