Inspección tributaria: lo que se decide en los primeros días

La comunicación de inicio de actuaciones fija el alcance, los ejercicios y los conceptos que se van a comprobar. Qué revisar antes de aportar el primer documento a la Administración Tributaria.

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La comunicación de inicio de actuaciones inspectoras no es un simple trámite. Delimita los ejercicios y los conceptos tributarios que se van a comprobar y, con ello, el terreno en el que se desarrollará el procedimiento. Cómo se gestionen los primeros días (qué se aporta, quién lo aporta y con qué criterio) condiciona el margen de defensa disponible meses después.

Leer el alcance antes de responder

Antes de aportar documentación conviene verificar qué ejercicios y conceptos se comprueban, si el alcance es general o parcial y si algún ejercicio citado pudiera estar prescrito. Hay que tener en cuenta que la Administración Tributaria puede comprobar durante 10 años las bases imponibles negativas y las deducciones pendientes de aplicar, aunque se generaran en ejercicios prescritos. Y conviene tener presente la duración máxima del procedimiento: 18 meses con carácter general, y 27 en determinados supuestos.

El alcance solo puede ampliarse mediante un acuerdo motivado, pero la información que se aporte voluntariamente sobre ejercicios o conceptos no incluidos puede fundamentar esa ampliación o nuevas actuaciones. Por eso conviene ceñirse a lo requerido.

La comunicación permite además anticipar dónde se concentrará la comprobación. Si cita expresamente operaciones vinculadas, deducciones por I+D+i o la compensación de bases imponibles negativas, es razonable preparar desde el inicio la documentación de soporte: la de precios de transferencia, los informes técnicos o la trazabilidad de las bases pendientes de compensar.

Un único interlocutor

Toda la relación con el actuario debe canalizarse a través de un interlocutor identificado. Las respuestas dispersas desde distintos departamentos pueden generar contradicciones que después se reflejen en las diligencias y en el acta.

En grupos de sociedades o en empresas con varios responsables (finanzas, fiscal, legal), centralizar la comunicación es especialmente importante: la información parcial procedente de distintas fuentes suele dar lugar a nuevas preguntas y alarga el procedimiento.

Qué aportar y cómo

Los requerimientos de la Inspección deben atenderse, y su desatención puede constituir una infracción. Pero atender un requerimiento no significa aportar más de lo que se pide. Conviene ceñir la respuesta a lo solicitado y al alcance del procedimiento, pedir una ampliación de plazo cuando el volumen de la documentación lo justifique y presentarla ordenada, de modo que permita seguir el hilo de cada operación sin que el actuario tenga que reconstruirlo a partir de archivos dispersos.

Actas de conformidad, disconformidad y con acuerdo

El resultado se documenta en un acta, y el tipo elegido tiene consecuencias distintas. En el acta de conformidad, el obligado tributario acepta la propuesta de regularización y la sanción se reduce un 30%, con una reducción adicional del 40% si se paga en periodo voluntario sin recurrir. En el acta de disconformidad se mantiene la discrepancia, con posibilidad de alegar y recurrir, pero sin la reducción del 30%; y, si se recurre, tampoco se aplica la del 40%. El acta con acuerdo, reservada a supuestos que exigen valoraciones o la concreción de conceptos jurídicos indeterminados, reduce la sanción un 65%, exige depositar o garantizar el importe resultante y, en vía administrativa, solo puede impugnarse por nulidad de pleno derecho.

La elección entre ellas no debería hacerse en el momento de la firma: exige haber cuantificado antes el coste de cada opción, incluidos la cuota, los intereses de demora, la sanción y las posibilidades reales de éxito de un recurso.

Recursos y suspensión

Si se opta por recurrir, conviene decidir de antemano si se solicitará la suspensión de la deuda y con qué garantía, porque una solicitud defectuosa puede hacer que la deuda resulte exigible mientras se resuelve el recurso. Las sanciones recurridas, en cambio, quedan suspendidas automáticamente, sin necesidad de garantía, hasta que sean firmes en vía administrativa.

Responsabilidad de los administradores

Si la sociedad no paga la deuda resultante, la Administración Tributaria puede derivar la responsabilidad a sus administradores, de hecho o de derecho, en los supuestos previstos en la ley. Por eso conviene documentar desde el inicio las decisiones relevantes del órgano de administración y las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones tributarias, en especial en grupos y empresas con tensiones de tesorería.

Si su empresa ha recibido una comunicación de inicio de actuaciones inspectoras, conviene revisar el alcance y preparar la respuesta antes del primer contacto con el actuario. Nuestra área de Asesoría Fiscal acompaña a la empresa durante todo el procedimiento.

Preguntas frecuentes

Lo primero es designar a la persona que atenderá a la Inspección, que puede ser un representante legal de la empresa o un representante voluntario, como su asesor fiscal, con la representación acreditada por escrito. Todas las comunicaciones deben pasar por ese único interlocutor, para evitar contradicciones entre la información que aportan distintos departamentos. En cuanto a los plazos, cada requerimiento fija el suyo, que para aportar documentación no puede ser inferior a 10 días hábiles. Si el volumen de información lo justifica, puede pedirse una ampliación, que no puede exceder de la mitad del plazo inicial y debe solicitarse antes de que venza, con al menos 3 días de antelación.

No. El alcance lo fija la comunicación de inicio y solo la Inspección puede ampliarlo, mediante un acuerdo motivado. Sin embargo, si la comunicación es ambigua, conviene pedir que se aclare, y si las actuaciones son de carácter parcial, la empresa puede solicitar, en los 15 días siguientes a su notificación, que tengan carácter general. Lo que sí está en manos de la empresa es no ampliar el alcance de hecho, aportando información que no se ha requerido.

Depende de cada caso. La conformidad reduce la sanción un 30%, y un 40% adicional si se paga en periodo voluntario sin recurrir, pero supone aceptar la regularización propuesta, y la reducción del 30% se pierde si después se recurre. Si existen argumentos sólidos para discutirla, el acta de disconformidad permite presentar alegaciones y recurrir, aunque sin la reducción por conformidad y, si se recurre, sin la de pronto pago. La decisión debe tomarse tras cuantificar el coste de cada opción y las posibilidades reales de éxito de un recurso.

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